sábado, 18 de febrero de 2012

ÁRBITROS COLGARON SUS PITOS


El distanciamiento entre los árbitros y la Ecuafútbol empezó en enero pasado. Esto ocurrió después de que el Congreso Ordinario del balompié nacional aprobara una propuesta presentada por la Asociación de Fútbol del Guayas. La iniciativa planteaba que los inspectores de los árbitros fueran designados, a partir de este año, por la Comisión Académica de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y no por la Comisión Nacional de Arbitraje, tal como ocurría hasta el año pasado.
La aprobación de esa reforma y no estar de acuerdo con la designación de los árbitros para las finales del torneo del 2011, generaron las renuncias de Bommer Fierro y de Roger Zambrano, de la Comisión de Arbitraje. Ellos se oponían, además, a que la actuación de los jueces que dirigen en el Campeonato Nacional de Fútbol sea calificada por dirigentes y no por ex árbitros.
Fue precisamente esta la razón que generó la paralización de los árbitros, de todas las categorías, y que impide la realización de la tercera fecha de la Serie A, Sub 18, Sub 16 y Reserva (24 partidos). Esta jornada debía jugarse entre ayer y mañana. Hasta anoche se desconocía cuándo podría reanudarse el campeonato. La Comisión Académica de la FEF es dirigida por el vicepresidente de ese organismo, Carlos Villacís. La integran además Iván Romero (vicepresidente), Pablo Carrera (primer vocal), Carlos León (segundo vocal), Johnny Zambrano (tercer vocal) y Rómulo Aguilar (asesor y miembro del Directorio de la Ecuafútbol).
La Comisión Nacional de Arbitraje fue creada en el 2005. Desde ese año, la presencia de dirigentes de los clubes, en el cargo de presidente, ha sido notable. Patricio Miño, identificado como directivo del Deportivo Quito, presidió esta instancia hasta el 2008. Tras su renuncia, el cargo lo asumió Oswaldo Román, identificado como dirigente de Liga de Cuenca, quien estuvo en ese puesto hasta el año pasado.
Según Charles Mendoza, ex árbitro ecuatoriano, la presencia de dirigentes de clubes ha desprestigiado a la Comisión de Arbitraje. Para el réferi, quien estuvo 10 años en la Primera Categoría y fue juez con escarapela FIFA durante tres años, la Comisión debería estar presidida por un ex árbitro. “Así es en Argentina, de esa manera el gremio arbitral mantiene independencia de la Asociación de Fútbol de ese país”, analizó el réferi retirado.
Pero la FIFA dispone que esta Comisión debe estar presidida por un miembro del directorio, en este caso, de la FEF. Luis Chiriboga, presidente de este organismo, reveló ayer que ya existe un acuerdo entre los 11 miembros del directorio. Pero el nombre del nuevo presidente de la comisión se lo conocerá este 29 de febrero, fecha en la cual se realizará un congreso extraordinario para modificar los estatutos de la FEF, de acuerdo a las disposiciones de la FIFA.
Según el máximo organismo del balompié mundial, el presidente de FEF y el de la Comisión designarán a los miembros de la instancia de arbitraje. Alfredo Intriago, presidente de la Asociación Nacional de Árbitros, aclaró que la paralización no se debe a motivos económicos, pese a que el gremio lucha para alcanzar la profesionalización. Un árbitro central con escarapela de la FIFA gana $ 350 por partido, mientras que un asistente recibe $ 280. Los bajos sueldos que ganan los jueces, han obligado a algunos a tener profesiones paralelas para poder incrementar sus ingresos.
Omar Ponce, por ejemplo, es ingeniero mecánico, José Hernández es ingeniero industrial y Daniel Salazar es parte del Magisterio y da clases en la parroquia Catarama (Los Ríos). Según el departamento de Tesorería de la Ecuafútbol, en el 2010, este organismo invirtió un total de $ 607.951 en el pago de sueldos a jueces que dirigieron los torneos de las series A y B. El año pasado, esa cifra se redujo. Según el informe económico presentado en el Congreso Ordinario del pasado 6 de enero, en el pago de arbitraje de esos torneos, la FEF gastó $ 573.652. La inversión de la Ecuafútbol en la Comisión de Arbitraje, en el 2010, $ 243.672. El año pasado esa cifra sufrió una reducción de $ 40.000.

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